sábado, 16 de febrero de 2008

Guayana Venezolana


La Guayana venezolana comprende la región más austral del país, donde se circunscriben dos enormes cuencas hidrográficas. Una es la cuenca binacional del río Orinoco, compartida con Colombia, la cual recorre gran parte de Guayana, desde las nacientes del Orinoco en el cerro Delgado Chalbaud, estado Amazonas, hasta su desembocadura deltaica en el océano Atlántico, estado Delta Amacuro. La otra es la cuenca multinacional Amazónica, donde debido al fenómeno hidrológico denominado captura fluvial, un afluente del río Orinoco, conocido como Brazo del Casiquiare, se desvía y conecta con el río Amazonas, a través del río Negro. Con ello, un mismo río pertenece a dos cuencas hidrográficas, una condición excepcional.

Gran diversidad de paisajes geográficos caracterizan este espacio, muchos de ellos con carácter de singularidad y unicidad. El paisaje está integrado por altiplanicies y picos, acantilados, laderas y vertientes, colinas y lomas, valles, peniplanicies y penillanuras, planicies y llanuras (Huber, 1995). Los bosques bajos de Guayana, como también se le conoce (Bevilacqua & Ochoa, 2001) cubren aproximadamente 83% de la superficie de Guayana (Huber, 1995). Son considerados como el bloque de bosque intacto más extenso que posee Venezuela, y una de las últimas ocho fronteras forestales del planeta, es decir, grandes extensiones de bosque natural ecológicamente intactas y con grados relativamente bajos de perturbación (Miranda et al., citada por Bevilaqua et al., 2001).

Figura 1. Vista del río Caura, estado Bolívar (Tomado de http://www.minamb.gob.ve )

Figura 1. Vista del río Caura, estado Bolívar (Tomado de http://www.minamb.gob.ve )

Un aspecto resaltante de esta vasta región venezolana es la alta biodiversidad en plantas vasculares, mamíferos, reptiles, anfibios y peces dulceacuícolas. De acuerdo con diversos autores, Guayana, en sentido amplio, pertenece a la ecoregión amazónica, una de las megarregiones silvestres más grandes del mundo. Aunado a esta biodiversidad se encuentra la diversidad cultural, representada en los más de 23 grupos indígenas que allí viven. Estos grupos conservan su propio acervo cultural y en la mayor parte de los casos su propio idioma. Guayana es también la principal reserva de agua dulce de Venezuela y el lugar de donde proviene 70% de la energía hidroeléctrica.

Figura 2. Actividad ritual de indígenas de la etnia Yanomami de Amazonas (tomado de http://www.minamb.gob.ve )

Figura 2. Actividad ritual de indígenas de la etnia Yanomami de Amazonas (tomado de http://www.minamb.gob.ve )

La Guayana venezolana tiene una extensión de aproximadamente 453.950 km2, lo cual representa casi la mitad de la extensión de tierra firme del país (Huber, 1995). Siendo los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro las entidades político-territoriales que conforman esta amplia región. Los límites territoriales son al oeste Colombia, al sur Brasil y al este el Territorio Ezequibo (zona en reclamación con la república de Guyana).

Guayana es también el territorio menos densamente poblado del país, con apenas 3,4 hab/km2 en promedio y solo 6,65% de la población nacional. Es decir, de los 23.232.553 habitantes de Venezuela, sólo 1.544.915 habitan en la región (INE, 2002). Esta desequilibrada ocupación territorial ha tenido impactos sobre la calidad de vida, cohesión social, el ámbito sociocultural y físico natural. Una consecuencia del modelo de desarrollo del Estado venezolano, basado en la explotación y refinación de hidrocarburos, donde fue favorecida la estructura centralizadora y concentradora de la población en la fachada norte-caribeña. Esto está a su vez relacionada con los sitios de explotación y manufactura de hidrocarburos y otros minerales, así como con la red de servicios asociados (Trinca, 2004).

Figura 3. Ubicación geográfica de la Guayana venezolana, estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro (Tomado del Instituto Geográfico Venezolano "Simón Bolívar", http://www.igvsb.gob.ve )

Figura 3. Ubicación geográfica de la Guayana venezolana, estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro (Tomado del Instituto Geográfico Venezolano "Simón Bolívar", http://www.igvsb.gob.ve )

Una importante porción de este territorio está bajo alguna figura de protección jurídico-ambiental, aproximadamente 63% (Bevilacqua et al., 2001; Rangel, 2002; OMB, 2003,). Una muestra de la política conservacionista mantenida por el Estado venezolano se evidencia por la presencia de seis Parques Nacionales, numerosos monumentos naturales, dos reservas de Biósfera y zonas protectoras. No obstante, la degradación de los ecosistemas se desarrolla entre conflictos de intereses en torno a la extracción de minerales del subsuelo, deforestación del bosque, demarcación de territorios indígenas, ampliación de la frontera agrícola e hiperconcentración urbana. Así por ejemplo, en los estados Bolívar y Delta Amacuro más de 70% de la población vive en el municipio capital y/o municipio industrialmente más desarrollado. En Amazonas, 89,2% de la población vive en el municipio capital (INE, 2002). Nuevamente es apreciable aquí el efecto del modelo de desarrollo centralizador del Estado. Ello ha traído deterioro del paisaje urbano y áreas aledañas, ocupación anárquica, incremento de riesgo naturales, exposición a enfermedades y dificultades para garantizar alimentos a la población.

La degradación de la región de Guayana

Cada estado guayanés presenta características particulares de degradación de los recursos naturales, relacionado con las diferenciadas políticas de desarrollo que ha tenido cada uno. Así, el estado Bolívar se convirtió en el centro de explotación y procesamiento de recursos mineros, forestales e hidroeléctricos, conllevando al impulso de infraestructura industrial, urbana, vial y de represas. En Amazonas por su parte, luego del empuje que promovió la Comisión para el Desarrollo del Sur, llamada La Conquista del Sur (CODESUR) en los años sesenta, con la idea de proteger las fronteras y colonizar e industrializar Amazonas, ha prevalecido la política de conservación de recursos naturales. Mientras el Delta Amacuro fue visualizado como vía de comunicación fluvial hacia el Atlántico, por ello los objetivos se fijaron al dragado de caños y canales para la navegación, además de la explotación maderera y de oro.

No obstante todas estas diferencias internas, el proceso de desarrollo de la Guayana venezolana ha sido muy distinta a la situación experimentada por los otros países amazónicos como Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia (Cartay, 1997; Zent, 2005). Es probable que esta condición haya sido la más determinante para que se mantenga como la más intacta del resto del Amazonas. Para Zent (2005), las políticas del Estado venezolano en los últimos 30 años se han inclinado más hacia la conservación que hacia la colonización rural, en contraste con lo ocurrido en el resto de los países amazónicos.

A continuación se detallan al menos cuatro actividades relevantes de los procesos de degradación de ecosistemas en la Guayana venezolana: a) Minería, b) Explotación de productos forestales maderables y no maderables, c) Agricultura y d) Concentración urbana e infraestructura. Estas actividades toman parte en Guayana con características específicas en cada estado, de acuerdo con las realidades sociopolíticas, culturales, económicas y físico naturales.

Minería

Venezuela es un importante productor de metales, tales como hierro, bauxita y aluminio, y en menor escala oro y diamante (Cunill-Grau, 1999; Bevilacqua et al., 2001). En Guayana han sido detectados importantes yacimientos de minerales metálicos y no metálicos, donde se incluye el manganeso, plomo, zinc, estaño, uranio y litio, así como diamante, dolomita, cuarzo, grava, arenas, arcilla y rocas ornamentales, el llamado cinturón de rocas verdes (Rangel, 2002). Se estima que existe aun una buena probabilidad de encontrar nuevos yacimientos auríferos (Berroterán et al., 2003). El uranio se ha registrado en Amazonas y Bolívar. La paradoja resulta porque estas reservas de minerales se encuentran debajo de inmensos lotes boscosos y su extracción conllevaría a la deforestación, destrucción irreversible del suelo y amenaza a la recarga de acuíferos.

Por disposiciones legales, el Estado venezolano ejerce la soberanía sobre las riquezas del subsuelo, las explotaciones mineras las hace, o bien el mismo Estado, o a través de concesiones a capitales nacionales o internacionales. Las actividades mineras son de muy vieja data, desde finales del siglo XIX, cuando incursionaron compañías inglesas y francesas de pequeña minería a cielo abierto o minería artesanal, esta última aun en práctica (Berroterán et al., 2003).

Las explotaciones mineras están asociadas a contaminación de suelos y aire, degradaciones del paisaje por remoción de horizontes edáficos, pérdida de suelo y deforestación, tanto en áreas directas de la mina como en áreas de piscina de relave. Todo esto lleva al incremento de sólidos en suspensión en el agua, incorporación de metales pesados y/o tóxicos en el agua, bioacumulación de sustancias tóxicas en los niveles tróficos superiores de la cadena alimenticia, eliminación y degradación de hábitat para fauna silvestre, deforestación y degradación de bosques. Otros impactos secundarios están asociados con afectaciones a la estructura social, exposición directa de personas a sustancias tóxicas, conflictos de uso de la tierra, conflictos con la definición de territorios indígenas, violencia, prostitución, incremento de riesgo a contraer enfermedades de transmisión sexual, enfermedades transmitidas por insectos y otras patologías (Botto et al., 2000; Bevilacqua et al., 2001; Berroterán et al., 2003; Centeno, 2004).

Figura 4. Impacto de la minería sobre el medio físico natural (Tomado de: Correo del Caroní 26/11/06)

Figura 4. Impacto de la minería sobre el medio físico natural (Tomado de: Correo del Caroní 26/11/06)

La minería se había venido realizando en el estado Bolívar mediante importantes concesiones con o sin intervención del Estado. El oro y la plata, esparcida en la cuenca de los principales afluentes del Orinoco (Caroní, Caura) son uno de los blancos. Al noreste, en el área de Pijiguao, se ubica la explotación de bauxita y en el Orinoco bajo la de hierro y producción de acero. La industria minera en Bolívar ha estado regida por grandes empresas de capitales trasnacionales, con operaciones a cielo abierto, utilización de grandes maquinarias para lavado de suelos y posterior amalgamiento con mercurio. Aunque también existen actividades mineras de pequeña escala en manos de garimpeiros, indígenas y mineros venidos de otros estados (Botto et al., 2000; Bevilacqua et al., 2001). Al sur de este estado, pueden conseguirse degradaciones relevantes asociadas a áreas protectoras de cuencas, ubicadas en cabeceras de ríos que alimentan complejos hidroeléctricos, responsables de la producción de energía para el país (García & Bustamente, 2003).

Las concesiones mineras más extensas e importantes han sido otorgadas a empresas con capital extranjero; por ejemplo, en la Reserva Forestal de Imataca, una vasta región de 3 millones de ha, entre los estados Bolívar y Delta Amacuro. Estas concesiones a la industria minera fueron otorgadas en las últimas décadas, en su mayoría y hasta ahora habían sido para las primeras fases de exploración. Una de las concesiones multinacionales corresponde a uno de los depósitos de oro más grande de América Latina (Miranda et al., citada por Berroterán et al., 2003). El proceso de otorgamiento de concesiones y definiciones de uso de esta Reserva Forestal tuvo resonancia mundial, dado el claro conflicto de intereses entre las actividades mineras, maderera, asentamientos agrícolas y comunidades indígenas solapadas a lo largo del territorio (Bevilacqua et al., 2001; OMB, 2003; Berroterán et al., 2003). Con la aprobación de un nuevo decreto para el ordenamiento de la Reserva Forestal de Imataca, se espera se hayan solventado técnicamente los mencionados conflictos.

En Amazonas, desde 1989, está prohibida la minería de productos metálicos y no metálicos, no obstante se ha venido practicando sistemáticamente (Briceño et al., 2003; García & Bustamante, 2003). En estas se realizan excavaciones y saques de materiales no metálicos (arenas y gravas) para la construcción, con muy pocas medidas conservacionistas (Briceño et al., 2003). También se encuentran entre 12 y 15 focos ilegales de explotación minera de oro y otros minerales, en los cuales se presume la presencia de mineros e inversionistas brasileños, colombianos y venezolanos, tanto indígenas como criollos (CENDES, 1998; Briceño et al., 2003; García & Bustamante, 2003; Rivero & Escalona, 2003). Algunas formas de explotación, realizadas por poblaciones indígenas son de tipo artesanal, sin empleo de mercurio ni maquinarias (CENDES, 1998); en otras minas, sin embargo, la degradación es bastante notoria, incluyendo áreas protegidas como el Parque Nacional Yapacana, la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare (Rivero & Escalona, 2003; Briceño et al., 2003; García & Bustamante, 2003).

Recientemente por decisión del Ejecutivo Nacional, fue detenido el otorgamiento de concesiones mineras en el estado Bolívar, con el fin de poner orden y recuperar el monopolio estadal sobre los recursos naturales, y colocarlos a favor de los intereses de la sociedad. La idea ha sido la reconversión de la población dedicada a la actividad minera hacia otras más sostenibles, como la agricultura y el turismo. Para ello se han desarrollado proyectos para la capacitación y apoyo a créditos para cooperativas de exmineros. Uno de los lugares donde este proyecto ha hecho mayor hincapié ha sido en la cuenca del río Caura, por ser una de las últimas cuencas prístinas que posee el planeta. Este proceso apenas comienza y no es posible evaluar aun su impacto sobre el saneamiento de las cuencas hidrográficas y nexos con el resto de los componentes del ambiente.

Figura 5. Balsas mineras que serán reconvertidas para el turismo como restaurantes o museos flotantes (Tomado de Aguas Extremas Año 2 Número 7 p20)

Figura 5. Balsas mineras que serán reconvertidas para el turismo como restaurantes o museos flotantes (Tomado de Aguas Extremas Año 2 Número 7 p20)

Explotación de productos forestales madereros y no madereros

Los bosques de la región de Guayana comprenden una de las ocho últimas fronteras forestales del planeta. No obstante, para la FAO, Venezuela ha presentado una de las tasas de deforestación más altas de América Latina en los últimos 15 años (García & Bustamante, 2003). En estas estadísticas ingresan las explotaciones de los bosques para uso maderero en Guayana, hacia donde han migrado las empresas, luego de haber acabado con los bosques que al norte del Orinoco habían sido explotado por 40 años. Lo anterior tiene relación con una de las principales críticas sobre las maniobras políticas realizadas, luego del derrocamiento de la dictadura de 1958, cuando el reacomodo del poder llevó a la reasignación y repartición de riquezas naturales del país. Ello se abordó a través de la declaración y delimitación de reservas forestales, para posteriormente ser otorgadas en forma de concesiones forestales, a pequeños grupos allegados al entorno político, situación ésta muy distante de la perspectiva de desarrollo para el país (Centeno, 2004).

La explotación maderera en Guayana genera conflictos de intereses relacionado con la presencia de minerales preciosos en el subsuelo (Bevilacqua et al., 2001; Filippini, 2002; García & Bustamente, 2003; Berroterán et al., 2003; Centeno, 2004). En 1997, la opinión pública nacional e internacional forzó a la paralización de un decreto presidencial que colocaba en peligro el futuro de la Reserva Forestal de Imataca, al legitimar la explotación minera de 40% de la reserva, en áreas cedidas a concesiones forestales. La Reserva Forestal de Imataca, ubicada en los estados Bolívar y Delta Amacuro, es la más grande del país, con casi 4 millones de ha, de las cuales más de 3 millones están poco o nada intervenidas. Se convierte así en una de las fronteras forestales más importantes para el mundo y la principal de Suramérica. Un nuevo plan de ordenamiento ha replanteado la situación y espera obtener un balance más armónico entre la minería, explotación maderera y comunidades indígenas, el cual se debate entre críticas, desde que fue sometido a discusión pública, pero que hoy parece ser más aceptado.

Uno de los problemas planteados es el manejo no sustentable empleado para las explotaciones forestales, el cual por el contrario, propicia la destrucción del bosque. De esta manera, los bosques son talados o intervenidos para extraer las maderas comercialmente más valiosas, y luego son quemados (Bevilacqua et al., 2001; Filipini, 2002; Centeno, 2004). Algunos datos preliminares muestran que la extracción maderera en la Reserva Forestal de Imataca destruye o daña entre 30 y 40% de los árboles circundantes de un árbol adulto en una hectárea. Las concesiones forestales en Guayana son aproximadamente 2,5 millones de ha, ubicadas una buena porción en la reserva forestal de Imataca (Bevilacqua et al., 2001).

La explotación forestal, al igual que la minería, está prohibida en Amazonas desde 1978, no obstante se hace extracción ilegal, con volúmenes crecientes alcanzando hasta 250 m3, en 2001. Legalmente, la demanda local debería satisfacerse con madera proveniente de otras regiones o de las tumbas de conucos indígenas (agricultura itinerante) (Briceño et al., 2003). Como alternativa ante la degradación de bosques se han establecido plantaciones en los estados Bolívar y Amazonas. Estas plantaciones son monocultivos de pinos caribe y caucho natural. En Bolívar se han plantado 30.000 ha de pino caribe y en Amazonas un proyecto de Caucho natural contempla la plantación de 230 ha (Bevilacqua et al., 2001). Los detractores acusan a estos proyectos de impedir la regeneración de especies nativas, además de perjudicar las actividades tradicionales de las poblaciones que vivían de esos bosques (Filipini, 2002).

Como opción para dejar el bosque en pie se ha propuesto numerosas veces la extracción y aprovechamiento de productos forestales no madereros y otros recursos silvestres. Aunque éstas alternativas no son actividades ajenas a las realizadas tradicionalmente en Guayana. Sin embargo, hasta ahora este aprovechamiento de productos forestales no madereros es un sector bastante deprimido como contribución económica (Zent, 2005). Por el contrario, en ocasiones las presiones de uso sobre estos productos han provocando la sobreexplotación del recurso, amenazando su sustentabilidad.

Para Romero y Guanchez (1987), en Amazonas, las altas tasas de extracción de hojas de palmas, la forma de intervención del sotobosque y la sobreextracción de fibras ponen en peligro las fenofases de las especies de palma. La presión se ha incrementado con la utilización de techos de palmas para infraestructuras turísticas, inclusive fuera de la región. Con lo atractivo de los precios en ese mercado el transporte fluvial de fibras desde el interior del estado se ha hecho rentable. Además, la construcción de las infraestructuras fuera del territorio ha sido apropiada por otros que han aprendido el oficio, la población indígena local está pasando a jugar un papel desventajoso, ya que ha tenido que restringir su participación en las actividades de búsqueda y recolección de la materia prima.

En Delta Amacuro, pequeñas y medianas empresas están dedicadas a la extracción y procesamiento de cogollos de palma para palmito, con el uso de mano de obra indígena para el aprovechamiento extractivo de grandes extensiones de bosque natural (13.188 ha), las cuales son intervenidas selectivamente a través de concesionarias. Mayormente los dueños de estas empresas son criollos (no indígenas) y los indígenas sirven como obreros asalariados, frecuentemente con prácticas de endeudamiento (Berroteran et al., 2003; Zent, 2005).

Agricultura

Los sistemas de producción agrícola que se realizan en la región de Guayana difieren considerablemente de aquellos que se realizan al norte del Orinoco, dadas las características ambientales, socioculturales y económicas. Guayana es asiento de la mayor población indígena del país y sus sistemas de producción están signados por sus rasgos culturales. Esta agricultura es originalmente de subsistencia y de tipo itinerante. El ciclo de siembra está asociado con etapas sucesivas de tumba del bosque o tala, quema, siembra y barbecho, como estrategia de manejo del ecosistema para su uso más eficiente. En esta región también se ubican campesinos criollos que han emigrado de zonas aledañas. Estos pobladores traen consigo su propio acervo cultural, más relacionado con las condiciones agroecológicas de sus lugares de origen.

La población campesina criolla se ha mantenido mayormente en el límite de la frontera forestal y, progresivamente, ha ido avanzando con sus actividades agrícolas hacia las áreas forestales (Bevilacqua & Ochoa, 2001). Por otra parte, la población indígena se ha acercado hacia los centros urbanos y lugares con mayor accesibilidad en la búsqueda de servicios y/o mercado. Por esta razón, y ante la posibilidad de intercambiar bienes, la agricultura practicada tiende a la producción de excedentes que satisfacen las necesidades de los centros poblados (Perera, 1997; Zent, 1995; CENDES, 1998; Graterol & Botto, 2004; Zent, 2005). En ambos casos, tanto para la población campesina como la indígena, se presentan conflictos de uso y dificultades para la demarcación de sus territorios.

Las comunidades indígenas hacen uso de la cacería, la pesca y recolección de otros alimentos para la incorporación de suplementos a su dieta, o bien para la comercialización, con lo cual pueden tener acceso a bienes de consumo modernos. No obstante, los incrementos de las poblaciones y/o demandas del mercado son agentes que juegan importante papel en este contexto y por lo general están asociados al comercio ilegal o sobreexplotación de los recursos naturales.

Uno de estos sistemas agroforestales exitosos del bosque, como complejo agrosilvopastoril, se ha estudiado en Amazonas en el grupo de la etnia Piaroa del Alto Cuao (Zent, 1995). En este manejo se logra un balance de las necesidades del grupo con buenos beneficios para el uso sostenible del bosque, siempre que se mantenga la baja densidad poblacional, la disponibilidad de tierra y la ausencia de relaciones comerciales directas con el mercado. Cuando esto no ocurre, se produce la degradación del ecosistema. Los incrementos en las presiones del mercado se han reflejado en mayor frecuencia de talas, ampliación de áreas de cultivos, así como en la incorporación de agroquímicos y tendencia al monocultivo (Zent, 1995; Llambí, 1998; Graterol & Botto, 2004). Se han reportado situaciones similares de alteración de los sistemas agrícolas de subsistencia en otras comunidades indígenas de la cuenca del Caura y Gran Sabana en el estado Bolívar (Bevilacqua & Ochoa, 2001).

Concentración urbana e infraestructura

A consecuencia del modelo de desarrollo del país, Guayana es la región con menor densidad poblacional en Venezuela 3,20 hab/km2, es decir por cada 15 habitantes solo uno vive en Guayana. Y a semejanza de lo que ocurre en el resto del país, la población se encuentra concentrada en espacios muy reducidos, definidos por ciudades y polos de desarrollo específicos. Para visualizar esta situación basta con observar que entre 70 y 90% de la población total de la región se establece en los municipios capitales o próximos a desarrollos industriales burocráticos del estado, como por ejemplo, en los municipios Caroní y Heres en Bolívar (53,1% y 24,1%, respectivamente), Atures en Amazonas (89,9%) y Tucupita, en Delta Amacuro (74,3%) (INE, 2002).

El estado Bolívar es el que presenta la mayor población, porque a partir de 1958, con el derrocamiento de la dictadura militar, el Estado tomó la dirigencia de la economía y desarrollo del país. La medida fue la creación de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la cual a través de la inversión del estado se encargaría de la industria pesada y liviana (hierro, bauxita, aluminio y acero). La sede de esta industria es en el estado Bolívar, donde funda Ciudad Guayana, un complejo que comprende las ciudades de Puerto Ordaz, San Félix y la zona industrial de Matanzas (Acosta y Jungenmann, 2000). La CVG se estableció así una imagen objetivo para el estado Bolívar, basado en el modelo de uso intensivo de los recursos naturales con alta inversión de capital. Esto supuso también una redistribución del poder, entre los nuevos grupos políticos que a partir de entonces manejarían el país.

En este proceso, el estado Bolívar experimentó los crecimientos poblacionales más altos del país (Rojas, 2004), corrientes migratorias desde el norte del Orinoco y de otros países fueron atraídos por las ofertas de empleo estatal y las expectativas del crecimiento del sector servicio. Este desarrollo trajo consigo mayores presiones sobre los ecosistemas, con la instalación del parque industrial, la ampliación de la frontera agrícola para satisfacer la demanda de la nueva población, la generación de pasivos ambientales por falta de inclusión de las variables ambientales dentro del modelo económico, demanda de energía eléctrica para la industria, entre otros.

Ligado al crecimiento industrial estuvo el desarrollo de vialidad que atravesó varios kilómetros de bosque, y promovió la ocupación de espacios y usos no siempre congruentes con las actitudes de uso. La construcción de represas hidroeléctricas, que inundaron amplias extensiones de bosques, fragmentando y/o eliminando hábitat para fauna y áreas con potencial agrícola fue otros de los cambios que trajo la política dirigida hacia el sur. Actualmente, la producción de energía hidroeléctrica proveniente de Guayana satisface hasta 70% de la demanda venezolana, e incluso se exporta hacia Brasil y Colombia.

Los tendidos eléctricos, las estaciones eléctricas para el transporte de la energía eléctrica y las vías de comunicación han sido también origen de degradaciones ambientales, debido a la falta de inclusión de esta variable en los proyectos de desarrollo. Ha habido problemas de erosión de suelo, impacto visual, afectación a la cotidianidad e invasión de hábitat y territorios indígenas, tal como ocurrió al sur de Bolívar con el tendido eléctrico hacia Brasil, que atraviesa el Parque Nacional Canaima, sector oriental La Gran Sabana.

El caso del estado Amazonas fue diferente a los anteriores, ya que la concentración urbana se generó como respuesta al crecimiento de la burocracia del estado, en respuesta a la política popularmente llamada "la Conquista del Sur", desarrollada desde los años sesenta por la Comisión para el Desarrollo del Sur (CODESUR), ante la ofensiva del gobierno brasileño de conquistar el norte de su país. Esto llevó a construir carreteras y a la "creación" de pueblos agrícolas en la selva y al proceso de "conversión" de indígenas en agricultores, como expresión de la política de reforma agraria. El establecimiento de servicios de salud, educación, empleo gubernamental, mercado cautivo que demanda bienes indígenas y modernos, movilizó volúmenes de personas hacia la ciudad capital, Puerto Ayacucho y sus zonas aledañas, a unos niveles que nunca fueron planificados.

Así, hay marcados rasgos de degradación de recursos naturales, por eliminación de cobertura boscosa siendo sustituida por áreas urbanas no siempre salubres, carente de saneamiento, lo cual ha llevado a la contaminación de fuentes de agua, deforestación por sobreexplotación de bosques para extracción de recursos forestales y no forestales, implementación de agricultura de altos insumos con impactos ambientales negativos severos y transformación de modos de vida hacia sistemas no tradicionales y marginalizados, en una palabra reducción de la calidad de vida de los habitantes.

Conclusiones

Puede decirse que la región sur de Venezuela, conocida como Guayana, representa una enorme riqueza natural y cultural para el mundo, una de las últimas fronteras forestales del planeta, cuyos ecosistemas se encuentran casi intactos, en contraste con la situación del resto de la Amazonía. Las directrices geopolíticas predominantes en el país han influido preponderadamente para la conservación de esta área boscosa, relacionada con el modelo de desarrollo de tipo productor de hidrocarburos, cuyos principales yacimientos se encuentran al norte. Ha sido hacia esa región donde se ha concentrado la población, infraestructura, servicios dejando, con pequeñas excepciones, a la región sur más despoblada, con débiles estructuras, redes económicas y servicios. No obstante, prevalecen en Guayana algunas actividades que han ocasionado y continúan ocasionando procesos degradantes sobre los ecosistemas guayaneses, con impactos sobre el medio físico, natural, socioeconómico y cultural. Se mencionan entre ellos la actividad minera, la explotación maderera, la agricultura de excedentes ampliadora de la frontera agrícola y la concentración urbana.

La historia parece mostrar que ha habido más desaciertos que aciertos en las políticas de desarrollo de esta región. Esto se visualiza en los altos niveles de exclusión social, pobreza y deterioro ambiental que ha venido arrastrando Guayana desde hace varias décadas. Esto se visualiza en las notables asimetrías y contrastes en los indicadores de salud y calidad de vida entre esta región y el resto del país (Botto & Graterol, en prensa). En el nuevo Plan Nacional de Desarrollo Regional del País (2001-2007) se incluye a Guayana dentro de las políticas nacionales e internacionales. En el plano nacional con el desarrollo de ejes de integración para la descentralización desconcentrada en el eje Orinoco-Apure y eje Oriental, junto al fortalecimiento de la red de centros urbanos. En el plano internacional, la integración suramericana es la bandera principal, a través de la promoción de la integración armónica y justa en los ámbitos sociales, culturales y económicos.

El planteamiento de esta realidad enfatiza el reto de plantear un modelo de desarrollo para Guayana que aprenda de los errores del pasado, con definición del futuro deseado, donde entran en la ecuación de forma equitativa el bienestar de los propios pobladores de la región y la importancia planetaria que representan los ecosistemas de Guayana para el mantenimiento de la vida. Como comenta Zent (2005), dos nuevos procesos entran en escena aquí en contraposición y/o armonía. Uno de ellos son los nuevos espacios políticos que a la luz de las nuevas leyes se crean para las poblaciones indígenas y locales. Por otro lado, la apertura de nuevos espacios económicos para actores y capitales extranjeros con interés de actuar en la región.

Del balance entre estos procesos junto al respeto a la Constitución, leyes y normativas vigentes, la soberanía nacional, el equilibrio de los ecosistemas, la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo; pero sobre todo, de la participación democrática y protagónica que las venezolanas y venezolanos asuman soberanamente dependerá el futuro de esta región estratégica para el país, el continente y el planeta.